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La corrupción se define como los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades que abusan de su poder, manejando intencionalmente los recursos financieros y humanos asignados a ellos, e influencian a realizar un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, priorizando sus intereses personales o de sus allegados por encima de los demás.

Algunos ejemplos de estos actos son: sobornos, tráficos de influencias, extorsión, regalías, nepotismo, los cuales son una seria amenaza a la ética pública, profesional o empresarial. La corrupción afecta a cualquier tipo de organización, independientemente si es pública, privada, organización no gubernamental, de beneficencia, grande, mediana o pequeña.

En Costa Rica se cuenta con la Ley 9699 sobre la “Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos”, la cual busca regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas de los delitos contemplados en la Ley N° 8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

Una herramienta como la implementación de ISO 37001, se alinea al propósito de dicha ley, en cuanto a la gestión de riesgos a los que está expuesta la Organización, y el tratamiento de los mismos para la prevención de delitos, obteniendo además una serie de beneficios como: aumento de la confianza de los clientes y partes interesadas, cumplimiento de requisitos legales aplicables, compromiso de todos los niveles contra actos de corrupción, apertura a nuevos mercados.

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